LA REFORMA Y EL AJUSTE EN LA UNIVERSIDAD
La
reforma en las universidades argentinas ha venido aplicándose con
distintos grados de intensidad. Teniendo como caso testigo la
situación de la educación universitaria en Chile, podemos decir que
ha sido la movilización de trabajadores y estudiantes argentinos a
lo largo de las últimas dos décadas uno de los principales frenos
al avance del proyecto del Banco Mundial para la educación superior
en América Latina.
El caso chileno es extremo,
algunas de sus características son: el sistema público es
arancelado con altas tasas, existe un avanzado proceso de
descentralización en detrimento de la planificación nacional de la
oferta educativa; el capital privado juega un rol fundamental en el
mantenimiento de las instituciones y los planes de estudio están en
plena sintonía con las necesidades del mercado (de esta manera, se
crean las bases materiales para liquidar la autonomía
universitaria); a la vez que existe un complicado y a la vez aceitado
sistema de evaluaciones y promedios (Prueba de Selección
Universitaria) que deja una gran cantidad de jóvenes afuera de la
carrera que realmente desean estudiar. Esta prueba funciona a nivel
nacional y para prepararse los estudiantes deben concurrir a
institutos privados.
Los
aspectos generales de la educación chilena tienen una relación
directa con los que encontramos en las leyes que regulan la educación
superior sancionadas a lo largo de toda América Latina.
Es
a partir del Consenso de Washington que se intentan instrumentar
estos cambios, y la educación superior no ha estado al margen de la
situación general del sistema educativo público.
Las
desigualdades en los niveles de aplicación obedecen a varios
factores.
Como
decíamos en un comienzo, en Argentina fueron los procesos de
movilización en distintos momentos los que han impedidos a los
distintos gobiernos avanzar todo lo que pretendían en esta reforma.
Sin
embargo, se ha avanzado en la política privatizadora y
mercantilizadota a lo largo de estos años y, fundamentalmente en dos
períodos: en la década menemista y en la década kirchnerista.
Esto
ha sido posible por la complicidad o la convivencia de las
burocracias sindicales docentes y no docentes, así como también de
la Federación Universitaria Argentina (conducida desde por el
radicalismo agrupados en la Franja Morada, en acuerdo con el
peronismo) y, jugando en muchos casos un rol protagónico, las
federaciones de carreras o facultades de determinadas disciplinas,
controladas por los consejos profesionales de las carreras en
cuestión.
Menem
comenzó el proceso de privatización con la sanción de la Ley
24.521 de Educación Superior en 1995, la cual aun se encuentra
vigente. Esta ley considera la educación superior un servicio y no
un derecho, le quita al estado la responsabilidad de su pleno
funcionamiento y abre el camino a la privatización, promoviendo la
creación de aranceles y de convenios con empresas multinacionales
para autofinanciarse. A la vez que crea la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), encargada de
evaluar y acreditar los planes de estudio.
La
CONEAU, como parte del proceso de privatización de la educación
superior, impuso el mismo rumbo que el adoptado por las universidades
de Europa1
y EEUU; donde en las carreras de grado se reducen los contenidos y no
incorporan los nuevos conocimientos, lo cual implica recurrir a los
posgrados. Este organismo modifica los planes de estudio de las
carreras de grado, los vacía de contenidos, y coloca esos
conocimientos en posgrados arancelados.
Este
modelo educativo exige la constante cualificación de los estudiantes
para poder acceder a los puestos de trabajo que el mercado laboral
impone. El problema radica en que solo una pequeña elite se
encuentra en condiciones económicas de obtener dichas
especializaciones, debido al alto arancelamiento de estos posgrados.
Un
ejemplo claro de recorte es el que se dio en la Facultad de
Odontología de la UBA, el estudio de implantes y conductos no forma
parte de la carrera de grado sino parte de un posgrado cuyos costos
rondan entre los miles pesos.
Daniel
Filmus, ex Ministro de Educación y actual senador de Frente para la
Victoria asegura en su artículo “La educación en el tercer
milenio” que en el futuro habrá una focalización en las carreras
universitarias, el título de grado requerirá menos años de estudio
pero su función principal será la de habilitar el acceso a un
“curso de especialización”.
Con
vistas a futuro, Filmus también sostiene que el cambio permanente en
la tecnología impedirá a las instituciones educativas formar a
estudiantes en el correcto manejo de la tecnología de punta. Por
lo que la capacitación será ofrecida desde las propias empresas.
Un
ejemplo es el convenio firmado por la Universidad Tecnológica
Nacional y la empresa automotriz Volkswagen, el cual apoyo la
presidenta Fernández y el Ministro de Educación. La universidad
estatal responderá por los costos de la formación de sus
profesionales y la empresa alemana participará de la elaboración de
los planes de estudio.
De
esta forma, la CONEAU achica los títulos de grado, limitándolos a
una mínima aplicación práctica, los contenidos tradicionales de
muchas de las carreras acreditadas son ofrecidos en postgrados
arancelados y las reformas de planes de estudio hechas por la CONEAU
se elaboran en consonancia con los intereses de las empresas
privadas que operan en las regiones en las que se emplazan las
universidades.
Son
conocidos los casos en los que grandes multinacionales (como Repsol,
Techint, Monsanto) asesoran a los departamentos de distintas carreras
en las reformas necesarias para la “actualización” de los planes
de estudio, violando de esta manera la autonomía universitaria.
El
Kircnerismo no solo siguió implementado esta ley privatista sino que
también en 2006 sancionó las Leyes de Educación Nacional y de
Financiamiento Educativo (LEN – LFE) y avanza aun más en esa
lógica. El vínculo de la educación con los intereses del capital
privado se hace más estrecho al hablar de porcentajes del PIB para
financiar el sistema. Se reafirma la necesidad de que la universidad
se financie con “servicios a terceros”. Y se profundiza la
utilización de los estudiantes como mano de obra barata o gratuita
en la producción a través de los sistemas de pasantías.
Su
aplicación ha tenido mucha resistencia en los primeros años, con el
caso emblemático del rechazo del Consejo Superior de la UBA. Sin
embargo, a partir de distintas maniobras políticas, han podido
avanzar en la aplicación de algunas políticas.
Actualmente
las universidades públicas más grandes utilizan más del 90% de sus
recursos para pagar salarios. El resto de las partidas son giradas
por el Ministerio del Interior o el Ministerio de Educación, pero
para objetivos específicos y consensuados con estos ministerios.
La
otra vía de financiamiento es la actividad privada, lo que deviene
en que las carreras desarrollan investigaciones solo con el fin de
obtener dinero, y las universidades aceptan partidas presupuestarias
de empresas mineras como La Alumbrera y otras multinacionales a
cambio de su injerencia dentro de la universidad.
Por
la vía de las partidas presupuestarias extraordinarias o la
actividad privada, se lesiona y ataca nuevamente la autonomía y
autarquía universitaria.
El
arancelamiento de trámites, del ingreso, de la posibilidad de rendir
materias libres o cursarlas en verano también son formas de
autofinanciamiento que utilizan las universidades, otro medio es la
creación de actividades de extensión universitaria que nada tienen
que ver con la producción de conocimiento o el desarrollo de la
sociedad, como ocurre, por ejemplo, en la Universidad Nacional de La
Matanza (UNLaM) que ofrece cursos de equitación a $250 la clase
semanal.
Por
otra parte, al descentralizar el sistema, se han creado un sin número
de universidades “nacionales” que en los hechos son regionales.
Estas universidades, al ser hijas de las nuevas leyes educativas, son
montadas a imagen y semejanza del plan educativo del gobierno. Le
“pelean” la matrícula y el presupuesto a las universidades
clásicas. Ofrecen carreras y especializaciones con planes de estudio
de bajo nivel teórico en muchos casos, o de exclusividad absoluta de
la mano de altos aranceles. En su diseño, se estila la utilización
de “departamentos” en lugar de las clásicas facultades, de esta
manera se hace más borroso el lugar de los órganos colegiados del
gobierno universitario. A la vez que atraviesan procesos
“normalizadores” llenos de irregularidades, en donde el Rector es
la autoridad suprema y se gobierna por decreto. A su vez existen
fuertes conexiones entre estas universidades y las intendencias y
gobernaciones en donde estas universidades funcionan, utilizando a
estas últimas como una caja para hacer negociados o una chapa para
legitimarlos.
A
nivel del ingreso, aunque no existe aún un sistema nacional de
restricción al acceso como en otros países se han implementado
distintas herramientas para filtrar el libre acceso a la educación
superior. Es conocido el caso del CBC de la UBA, que actúa como
filtro encubierto disminuyendo la matrícula de las facultades. Pero
esta política es desigual según la universidad en la que nos
situemos. Existen ingresos directos, cursos nivelatorios, exámenes
de ingreso, o apertura de carreras por ciclo (se abre la carrera para
una promoción con cupo y luego se cierra). No se ha logrado
amalgamar las situaciones del conjunto de las universidades, aunque
podemos identificar que la política más utilizada es la de
eliminación por “nivelación” (como en la UBA).
Además,
el Gobierno recorta directamente presupuesto destinado a la
educación, sólo éste año 2013, se eliminaron más de 23 mil
becas, y no garantiza aspectos básicos como un “boleto” de
transporte educativo, guarderías y comedores que permitan el acceso
y el mantenimiento en el sistema educativo.
Así
el ahogo presupuestario, la privatización, las restricciones al
ingreso y a las posibilidades de continuar los estudios, se vuelven
las variables determinantes de la educación superior y esto se ve
reflejado directamente en la realidad, el 58% de los estudiantes
universitarios abandonan la carrera en el primer año y de los que
siguen, un 20% nunca la termina. Desde 1992 a la fecha el porcentaje
de estudiantes que viene de la escuela pública bajó de un 54% a un
39% en la actualidad.
Peleas contra la LES y organización estudiantil
El
movimiento estudiantil argentino sigue teniendo planteado ocupar el
lugar protagónico que conquistó en la histórica Reforma
Universitaria del 18, siendo uno de los estudiantados
latinoamericanos con más tradición de lucha. A mitad del siglo XX,
supo unirse con el movimiento obrero organizado, protagonizando
jornadas como las del Cordobazo.
En
las últimas décadas, protagonizó duras luchas. En el 95 peleó
para evitar la sanción de la LES; fue una gran batalla, pero
fallida. Luego, el estudiantado estuvo a la vanguardia de la pelea
contra el recorte presupuestario de Menem en el 99’ y el intento de
arancelamiento de López Murphy, durante el gobierno de la Alianza.
En
la década kirchnerista, existieron distintos picos de movilización
que desembocaron en los tres encuentros contra la LES desarrollados
entre 2004 y 2006. Sin embargo, no se ha podido evitar la sanción de
la nueva LEN, sucesora de la Ley Federal de Educación menemista. Sin
embargo, el gobierno no ha podido avanzar con una nueva ley de
educación superior. El año pasado, la movilización de los
secundarios porteños empalmó con los reclamos sentidos de un
conjunto de facultades en Capital Federal y otros puntos del país,
pero el proceso se desactivó, obteniendo algunas conquistas
parciales.
A
nivel de la organización del movimiento estudiantil, es urgente
avanzar en construir una corriente que dispute la dirección de los
centros y federaciones estudiantiles. Denunciando el carácter
entreguista de la dirección radical de la FUA y el intento de las
distintas expresiones del peronismo de recuperarla para convertirla
en una colateral del Ministerio de Educación. Combatiendo las
políticas sectarias y vanguardistas de sectores de la izquierda que
dirigen algunas importantes federaciones regionales y orientan los
procesos de lucha a un callejón sin salida, privilegiando la
construcción de la propia organización antes que el fortalecimiento
del proceso de movilización.
Nuestro
programa debe ser internacionalista, en la medida que entendemos el
ataque a la educación como un plan contintental y mundial.
Queremos
construir un movimiento estudiantil clasista, que defienda el derecho
de los trabajadores a acceder a la educación. Entendemos la alianza
obrero estudiantil como estratégica. Sabemos que la tarea de la
defensa de la educación pública debe ser llevada adelante por el
conjunto de los trabajadores y el pueblo. Apoyamos las luchas obreras
y populares. En ese sentido, al interior de las universidades, somos
profundamente solidarios con las luchas del claustro docente y no
docente, por reivindicaciones económicas y políticas, y nos
solidarizamos con los procesos de organización que se desarrollan en
oposición a la burocracia y al gobierno.
Queremos
un movimiento estudiantil opositor a los planes del gobierno y del
imperialismo. Contra sus leyes educativas, sus políticas de ajuste y
el ahogo presupuestario.
En
nuestras universidades, defendemos la autonomía y la autarquía.
Defendemos la libertad de cátedra y de conciencia, y las libertades
científica y artística.
Estamos
por el ingreso irrestricto, peleamos por garantías para la
permanencia en las universidades y el egreso de ellas.
Al
interior del movimiento estudiantil, defendemos los métodos
democráticos y la lucha como salida para encarar y resolver los
problemas de la educación publica.
En
síntesis:
¡Defendamos
el DERECHO a una educación pública, gratuita, por el desarrollo
científico y artístico al que todos podamos acceder!
- ¡No a la Reforma Educativa! ¡Abajo los planes privatistas del Banco Mundial! ¡La educación es un derecho, no una mercancía!
- ¡Por Universidades Públicas que respondan a los intereses del pueblo y los trabajadores, no de las transnacionales!
- Contra la Reforma Educativa en las Universidades: ¡Fuera la LES! No a la CONEAU, ¡sí a la autonomía universitaria!
- ¡Por una educación pública con 100% financiamiento estatal! ¡No al arancelamiento de las Universidades Públicas!
- ¡Ningún subsidio a la educación privada!
- Que el Estado garantice nuestro derecho de acceder a la Educación Pública: ¡Por un sistema de becas que garantice la permanencia en las aulas! ¡Por comedores y jardines maternales gratuitos!
- ¡Por mejores condiciones de estudio: aulas, horarios, materiales, obra social!
- ¡Por el acceso irrestricto a las Universidades públicas! ¡No a los filtros de ingreso!
- ¡Democratización de los órganos de cogobierno! ¡Por mayoría estudiantil en las instancias de decisión de la universidad!
- Que no nos cobren la crisis a nosotros: ¡No al pago de la deuda externa! ¡Por más presupuesto para la educación pública, gratuita y de calidad!
- ¡Por la unidad obrero estudiantil para defender la educación pública!
- ¡Por un movimiento estudiantil democrático y combativo que enfrente las políticas imperialistas del gobierno de Cristina!
1
En Europa se lleva a cabo también una reforma
universitaria que se denominó Plan Bolonia y fue iniciada a finales
de la década del ’90.
